Las AFAP siguen ganando y los trabajadores siguen pagando
En 2024, el movimiento sindical y organizaciones sociales impulsaron un plebiscito para revertir los principales aspectos de la reforma jubilatoria aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. La propuesta planteaba recuperar el derecho a jubilarse a los 60 años con 30 años de trabajo, garantizar que ninguna jubilación o pensión fuera inferior al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP.
Era una confrontación entre dos concepciones: la seguridad social como derecho colectivo y solidario, o como negocio financiero sostenido con los aportes obligatorios de los trabajadores.
La mayoría de la dirección del Frente Amplio decidió no respaldar la recolección de firmas ni la aprobación del plebiscito. En nombre de la “libertad de acción”, su estructura se mantuvo al margen y sus principales dirigentes rechazaron la propuesta. Como alternativa, prometieron que un futuro gobierno progresista convocaría a un diálogo social para revisar la reforma.
El plebiscito obtuvo casi un millón de votos, pero no alcanzó la mayoría necesaria. El diálogo social quedó entonces presentado como la vía responsable para lograr los cambios que no se habían querido apoyar mediante la movilización popular.
Los resultados están a la vista.
Después de meses de negociaciones, el diálogo social mantuvo intactos los pilares del sistema: la edad jubilatoria de 65 años, el ahorro individual obligatorio y la existencia de las AFAP.
La posibilidad de jubilarse desde los 60 años no significó recuperar el derecho anterior, sino crear una causal anticipada con una prestación menor. Luego se agregó una restricción adicional: quien se jubile antes de los 65 años no podrá continuar trabajando para complementar sus ingresos. En los hechos, se ofrece una salida limitada a quienes ya no consiguen empleo, no pueden seguir trabajando o aceptan cobrar menos.
Respecto a las AFAP, el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el PIT-CNT tampoco eliminaba las administradoras privadas ni el lucro financiero. Apenas proponía que un organismo público centralizara la administración de las cuentas, mientras las AFAP continuarían invirtiendo los fondos.
Era una modificación limitada, pero aun así fue rechazada por las propias AFAP y las cámaras empresariales. Bajo la presión del capital financiero, el gobierno volvió a retroceder.
No habrá organismo público. Las AFAP conservarán la administración de las cuentas, mantendrán el vínculo directo con los afiliados y podrán invertir una mayor proporción de los fondos en el exterior. Las comisiones tampoco desaparecerán: se anuncia solamente una reducción parcial de sus costos.
Lo acordado en el diálogo social fue dejado de lado luego de negociaciones directas entre el Ministerio de Economía, las AFAP y el sistema financiero.
Esta experiencia muestra la naturaleza del progresismo. Frente a los trabajadores exige paciencia, moderación y respeto por las restricciones fiscales. Frente a las empresas, los bancos y el capital financiero, cede y modifica sus compromisos.
Por eso afirmamos: el diálogo social fue una estafa política.
Fue utilizado en 2024 como argumento para no respaldar el plebiscito. Fue presentado luego como el camino para alcanzar las transformaciones pendientes. Y terminó funcionando como un mecanismo para mantener las AFAP, preservar el ahorro individual obligatorio y desactivar la lucha por una reforma verdaderamente solidaria.
El problema no es que los trabajadores participen en ámbitos de negociación. El movimiento sindical debe intervenir en todos los espacios donde se discutan sus derechos. El error consiste en convertir el diálogo con el gobierno en una estrategia y sustituir la organización, la movilización y la lucha por la confianza en una administración progresista.
Un diálogo sin una clase trabajadora movilizada no es una negociación entre iguales. Es una mesa en la que el gobierno escucha a los trabajadores, negocia con los empresarios y finalmente resuelve según las exigencias del capital.
La estrategia predominante en la conducción del PIT-CNT subordinó la lucha independiente de los trabajadores a los tiempos y necesidades del progresismo. Primero debilitó la campaña por el plebiscito esperando una futura negociación. Después presentó como conquista un acuerdo que ya había abandonado la eliminación de las AFAP. Finalmente, el propio gobierno desconoció ese acuerdo y negoció directamente con las administradoras privadas.
El resultado es una nueva frustración para la clase trabajadora y una nueva victoria para el capital financiero.
La conclusión debe ser clara. Los derechos no se conquistan depositando confianza en gobiernos que administran intereses capitalistas. Tampoco se conquistan sustituyendo la lucha de clases por diálogos institucionales sin fuerza organizada en las calles y en los lugares de trabajo.
Es necesario reconstruir una estrategia sindical independiente de todos los gobiernos y partidos patronales. Una estrategia que coloque en el centro la movilización por la eliminación de las AFAP, la recuperación efectiva de la jubilación a los 60 años, jubilaciones y pensiones dignas y un sistema de seguridad social público, solidario, universal y sin lucro.
La seguridad social debe financiarse haciendo que aporten más quienes concentran la riqueza, las grandes empresas, los bancos y el capital financiero, y no obligando a los trabajadores a trabajar más años para recibir jubilaciones cada vez menores.
Frente a la estafa del diálogo social, organización y lucha independiente de la clase trabajadora.
Fuera las AFAP de la seguridad social.
Por una seguridad social pública, solidaria, universal y sin fines de lucro.
Frente de Trabajadores en Lucha