Este 27 de junio se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973. Desde el Frente de Trabajadores en Lucha afirmamos que esta fecha no puede ser reducida a un acto protocolar, a una ceremonia vacía ni a una evocación despolitizada. Recordar el golpe exige comprender sus causas, sus responsables y sus consecuencias; pero, sobre todo, exige sacar lecciones para la lucha presente de la clase trabajadora.
La dictadura cívico-militar no fue un accidente histórico ni el desvío de un grupo de militares aislados. Fue la respuesta violenta del Estado, de las clases dominantes y del imperialismo frente al ascenso de la organización obrera, estudiantil y popular. El golpe vino a imponer por la fuerza un proyecto económico y social al servicio del gran capital, del latifundio, de la dependencia y de la explotación. Para eso utilizaron la cárcel, la tortura, la desaparición, el asesinato, la censura, la persecución sindical y la militarización de la vida social.
Pero el 27 de junio también recuerda una de las páginas más altas de la historia obrera de nuestro país: la huelga general contra el golpe. La ocupación de fábricas, lugares de trabajo y centros de estudio mostró la enorme fuerza potencial de la clase trabajadora cuando actúa como sujeto político independiente. Durante quince días, miles de trabajadores y estudiantes enfrentaron a la dictadura con organización, solidaridad y coraje. Esa experiencia sigue siendo una referencia viva, no una pieza de museo. La huelga general demostró que la clase obrera no está condenada a resistir pasivamente los ataques del régimen, sino que puede paralizar el país y enfrentar directamente los planes de las clases dominantes.
Honrar aquella lucha implica también hacer un balance crítico. La memoria obrera no puede transformarse en relato complaciente. La huelga general fue heroica, pero sus límites, sus direcciones, sus vacilaciones y sus debates siguen siendo parte de una discusión necesaria para quienes queremos reconstruir una perspectiva independiente de los trabajadores. No se trata de mirar el pasado con nostalgia, sino de aprender de él para preparar las luchas del presente y del futuro.
A más de cinco décadas del golpe y a más de cuarenta años del retorno institucional, la impunidad sigue siendo una política de Estado. Los responsables militares, civiles y empresariales del terrorismo de Estado no fueron juzgados ni castigados en la medida necesaria. Los pactos de silencio continúan. Los archivos siguen sin abrirse plenamente. Los desaparecidos siguen faltando. Y los distintos gobiernos, incluidos los gobiernos progresistas, han sido incapaces —o no han tenido la voluntad política— de enfrentar hasta el final a los aparatos, mandos, intereses y complicidades que sostuvieron y sostienen la impunidad.
Por eso decimos que no hay memoria verdadera sin lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. No alcanza con discursos oficiales, homenajes ni gestos institucionales. La impunidad no es solo un problema del pasado: se expresa también en la continuidad de las estructuras represivas, en la criminalización de la pobreza, en la persecución de la protesta social, en la defensa del orden de los explotadores y en la naturalización de respuestas cada vez más autoritarias frente a los problemas sociales.
En ese sentido, rechazamos categóricamente la decisión del actual gobierno progresista de utilizar vehículos y recursos del Ejército para apoyar patrullajes policiales en barrios de Montevideo. Bajo el argumento del combate al crimen organizado, se vuelve a colocar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna y se naturaliza la presencia militar en los barrios trabajadores y populares. Es una orientación peligrosa, reaccionaria y profundamente equivocada.
La seguridad del pueblo trabajador no se construye con blindados, militares ni ocupación territorial de los barrios pobres. Se construye atacando las causas sociales de la violencia: salarios sumergidos, desocupación, precarización laboral, crisis de vivienda, ausencia de perspectivas para la juventud, deterioro de los servicios públicos y avance del narcotráfico sobre territorios abandonados por las políticas sociales. Militarizar la pobreza no resuelve nada; solo fortalece los aparatos represivos y prepara nuevas formas de control social sobre los trabajadores.
A 53 años del golpe, reafirmamos que las Fuerzas Armadas no son garantía de democracia ni de seguridad popular. Son parte de una institución históricamente ligada a la represión del pueblo y a la defensa del orden capitalista. Frente a quienes pretenden reconciliar a la sociedad con los verdugos de ayer o legitimar nuevos roles represivos para los militares, levantamos una posición clara: ni impunidad, ni reconciliación, ni militarización.
Exigimos apertura total de los archivos, fin de los pactos de silencio, juicio y castigo a todos los responsables civiles, militares y empresariales del terrorismo de Estado. Rechazamos la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y toda política de criminalización de los barrios populares. Reivindicamos la huelga general de 1973 como patrimonio histórico de la clase trabajadora y como enseñanza viva para las luchas que vendrán.
Este 27 de junio no recordamos para acomodarnos al relato oficial. Recordamos para luchar.
Contra la impunidad de ayer y de hoy.
No a la militarización de los barrios populares.
Juicio y castigo a los responsables.
Por la organización independiente de la clase trabajadora.
Frente de Trabajadores en Lucha
27 de junio de 2026