Días atrás nos consternamos con la noticia del ataque de un estudiante de medicina a una compañera de clase con quien dijo estar “obsesionado”. Por fortuna, la joven sobrevivió y está fuera de peligro. Con heridas, secuelas y trauma, pero viva.
El escenario fue un lugar que todos pensaríamos que es seguro, un aula de una institución educativa terciaria. Un ataque que fue premeditado, porque como se supo enseguida, el agresor llevaba guantes de látex cuando empezó a acuchillar a su víctima.
A diferencia de lo que declararon autoridades universitarias y políticas, este hecho no puede ser entendido simplemente como un caso aislado ni como una casualidad. Es una expresión extrema de la violencia que atraviesa esta sociedad y que afecta especialmente a las mujeres.
Un sistema que se construye sobre la base de la explotación de unos, los dueños de los medios de producción, sobre otros, quienes sólo disponemos de nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, no puede garantizar condiciones de igualdad reales ni relaciones sociales libres de violencia.
Esto no significa que todas las mujeres ocupen el mismo lugar en esta sociedad. Las mujeres no constituyen una clase social homogénea: existen mujeres trabajadoras y mujeres pertenecientes a las clases propietarias, con intereses y condiciones materiales diferentes. Pero son especialmente las trabajadoras quienes deben enfrentar la violencia en condiciones atravesadas además por la dependencia económica, la precariedad laboral, los bajos salarios y las dificultades para acceder a vivienda, cuidados y servicios públicos.
¿Esto significa que no hay nada que podamos hacer? Para nada. Hay mucho por hacer, pero implica compromisos reales y recursos genuinos.
Son necesarias medidas de protección, prevención y atención de quienes sufren violencia, así como la actuación sobre quienes la ejercen. Pero no podemos depositar nuestra confianza en que la estructura judicial y punitiva de esta misma sociedad vaya a resolver por sí sola un problema que tiene raíces mucho más profundas.
El propio caso que motiva estas líneas muestra además que tampoco podemos descartar los factores vinculados a la salud mental. La pericia realizada consideró al agresor imputable, mientras su defensa sostiene que atravesó un episodio psicótico y ha solicitado ampliar los estudios.
Reconocer esta dimensión no significa convertir una patología en una excusa ni identificar enfermedad mental o autismo con violencia. Significa comprender que existen factores psicológicos, psiquiátricos y criminológicos que deben ser estudiados seriamente y que pueden permitir detectar riesgos e intervenir antes de que la violencia ocurra. Un diagnóstico no puede explicar por sí solo un fenómeno social, pero tampoco corresponde ignorarlo cuando existe.
Y aquí aparece otra responsabilidad del Estado. Una política preventiva requiere un sistema público de salud mental capaz de detectar, atender y realizar un seguimiento efectivo de las personas que atraviesan cuadros graves, garantizando equipos, medicación, dispositivos comunitarios, atención de las crisis y continuidad de los tratamientos. No alcanza con intervenir después de que ocurrió una tragedia ni con alternar entre la internación psiquiátrica y la respuesta penal.
La violencia de género ha sido a lo largo de los años un tema recurrente de las campañas políticas. Quienes aspiran a cargos públicos hablan de todo lo que habría que hacer mientras no ocupan lugares de decisión. Una vez allí, las respuestas siguen siendo insuficientes.
Incluso cuando se promueven leyes que buscan cambiar las cosas, como la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, si luego no se asignan los recursos necesarios, cualquier voluntad de cambio termina convertida en letra muerta.
Lo mismo ocurre con la salud mental. No alcanza con proclamar un cambio de modelo si no existen los recursos humanos, materiales y comunitarios necesarios para sostenerlo. La prevención de la violencia también exige una transformación profunda del sistema público de salud mental.
Al igual que ocurre con la preocupación por la “seguridad” en general, este tema requiere acciones profundas, cambios radicales y mucha inversión de recursos.
Las soluciones reales son profundas y de largo plazo. Implican garantizar condiciones dignas para vivir: empleos de calidad, salarios suficientes, acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, tiempo de ocio, condiciones dignas para criar a nuestros hijos y entornos seguros de crianza.
Todos estos aspectos son necesarios para construir nuevas formas de convivencia, basadas en el respeto a la integridad y al derecho de las personas a existir sin violencia.
Pero esto exige también cuestionar una sociedad capitalista que reproduce desigualdades, relaciones de dominación y una cultura en la que históricamente las mujeres han sido tratadas como objetos de posesión.
Ni la “obsesión”, ni el “amor”, ni una eventual patología pueden funcionar como justificación de la violencia. Pero tampoco podemos renunciar a comprender todos los factores que intervienen si realmente queremos prevenirla.
Si el problema es estructural, la respuesta también debe ser estructural y colectiva.